INFORME DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Resumen indicativo del documento aprobado en octubre de 2002
El estudio del CES comienza haciendo un análisis del proceso de emancipación juvenil en el Estado Español basado en una exhaustiva recopilación de datos estadísticos para, posteriormente, extraer conclusiones sobre las causas que ha provocado esa realidad descrita.
Recogemos a continuación una serie de datos cualitativos y cuantitativos que reflejan la realidad actual:
q La media de edad de la población española es de 39 años debido a la caída de la natalidad, la baja tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, sobretodo en el caso de las mujeres.
q Al cruzar los datos sobre natalidad y movimiento migratorio nos encontramos que:
- Una alta tasa de natalidad combinada con la alta tasa de población que emigra produce un aumento de la edad media (Andalucía);
- Una baja natalidad acompañada de una alta tasa de inmigrantes produce una disminución de la media de edad (Madrid, Cataluña);
- Una baja natalidad junto a un fuerte proceso de emigración produce un aumento de la media de edad (Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia).
q El 24% de la población tiene entre 15 y 29 años y el 24’5% entre 20 y 34 años (de los cuales el 50’8% son mujeres). El 39% es menor de 30 años. Canarias tiene la población más joven y Aragón es la CA que menos jóvenes tiene en proporción. A Canarias le siguen Andalucía, Madrid y Murcia, con una proporción de jóvenes entre un 3-4% mayor de la media. El 57’1% de los jóvenes se reparte entre Andalucía (19’2%), Cataluña (14’9%), Madrid (22’9%) y Comunidad Valenciana (10’1%).
q La natalidad ha descendido a un 9’2 por mil. Por debajo de esa media se encuentran Asturias, Galicia, Castilla y León y País Vasco. Si nos basamos en la pirámide de población, este descenso se incrementará a partir del 2005.
q Según datos de 1998, España es el país con más jóvenes de la UE. Un 10’5% de los jóvenes europeos entre 20 y 34 años vive en España.
q Cabe destacar el análisis que hace el informe de la variable género en el proceso de emancipación juvenil, con datos comparativos que aportan una visión más compleja de la realidad. Así, queda reflejado que las mujeres se emancipan más jóvenes, aunque la forma de emancipación más frecuente es la constitución de un núcleo familiar. En términos económicos, esa independencia de las mujeres se produce a costa de la dependencia de los maridos (emancipación dependiente), también por la mayor precariedad laboral femenina y los salarios más bajos que perciben. También se señala la tendencia que tiene esa realidad a revertirse poco a poco.
q El estudio del proceso de emancipación por generaciones refleja los diferentes procesos sociales y económicos de la persona y sus antecesores, y muestra que el mayor descenso en la edad de emancipación se produce en la generación del 85 (jóvenes de 25 a 34 años) y se ha mantenido en los años 90 por la crisis económica y el incremento del precio de la vivienda.
Según el informe, el retraso del paso a la vida adulta y la prolongación de la dependencia familiar que reflejan los datos estadísticos son producto, principalmente, de tres factores objetivos que se describen en el segundo capítulo:
1. La prolongación de la formación, que retrasa el acceso de las jóvenes y los jóvenes al trabajo como fuente de ingresos;
2. La situación laboral, marcada por el desempleo juvenil y la temporalidad en el empleo, que repercute negativamente en la estabilidad del pago de rentas o cuotas de préstamos bancarios;
3. La dificultad de acceso a la vivienda, derivada del comportamiento del mercado de la vivienda, que oferta pocas y caras vivienda de alquiler, haciendo más atractiva la compra, junto con el fracaso de las políticas públicas en cumplir los objetivos de vivienda protegida.
La tercera parte del estudio analiza la situación del mercado de la vivienda en lo que se refiere a la oferta y a la demanda. Se incluyen datos de encuestas que reflejan las preferencias juveniles y datos de solvencia económica para ilustrar la accesibilidad al mercado descrito anteriormente.
El cuarto capítulo se refiere a las políticas públicas de apoyo a la vivienda, partiendo de la diversidad de competencias que tiene la Administración en sus diferentes ámbitos territoriales central, autonómico y local. Se describen las principales leyes que inciden en la vivienda, como la Ley del Suelo (6/1998, de 13 de abril), el RD-Ley de Liberalización del Sector Inmobiliario (4/2000, de 23 de junio) y los Planes Plurianuales que articulan el reparto de competencias entre la Administración central y las CC.AA. y concretan la intervención pública en materia de vivienda y suelo residencial a través de una serie de medidas, como las que recoge el actual Plan 2002-2005.
También se describen las actuaciones específicas para jóvenes que se llevan a cabo en el ámbito autonómico y local y se recogen las medidas reflejadas en el Plan de Acción Global en materia de Juventud 2000-2003, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España, y el Plan Integral de Apoyo a la Familia.
Es interesante destacar el apartado que recoge los sistemas de financiación de Navarra y el País Vasco, que tienen más competencias en materia de vivienda que el resto de CC.AA., por las diferencias que existen a la hora de poner en marcha actuaciones públicas de apoyo a la vivienda.
Finalmente, el capítulo dedicado a las conclusiones y propuestas destaca las siguientes recomendaciones:
q Incrementar del gasto público en política de vivienda.
q Revisar la normativa de vivienda protegida tanto para adecuar la tipología y el tamaño a las necesidades de destinatarios y destinatarias, como para introducir fórmulas de titularidad compartida entre Administración y jóvenes.
q Aprovechar la rehabilitación para potenciar la vivienda en alquiler.
q Impulsar la “ventanilla única” municipal que simplifique la tramitación de las ayudas existentes.
q Fomentar la participación social en el diseño de las políticas públicas.
q Promover el alquiler social hasta su equiparación con el resto de países de la UE.
q Destinar un porcentaje de viviendas a colectivos con especiales dificultades de acceso.
q Promover fórmulas de alojamiento alternativo como la construcción de apartamentos con servicios comunes, fórmulas de alojamiento colectivo temporal y programas de vivienda intergeneracional.
q Implantar ayudas directas al alquiler en función de los ingresos del inquilino.
q Promover la mediación entre propietarios de viviendas desocupadas, jóvenes inquilinos, compañías aseguradoras y entidades financieras.
q Promover el primer acceso a la vivienda en propiedad para jóvenes menores de 35 años con dificultades de acceso a la vivienda.
q Reforzar la eficacia y la transparencia en el coste final de la vivienda protegida a través de mayores controles e inspecciones.
q Avalar, con apoyo de la Administración Pública, operaciones de compra de vivienda por jóvenes con menor nivel de renta.
q Simplificar la tramitación urbanística, hacer los trámites más transparentes y menos discrecionales.
q Generar suelo destinado a promoción de vivienda protegida a través, entre otras medidas, de impedir la especulación incidiendo en el deber y el derecho de urbanizar y edificar.
q Modificar la normativa de las Haciendas Locales para que la venta de suelo municipal deje de ser la principal fuente de ingresos.
q Actuar con medidas fiscales contra las viviendas desocupadas, por ejemplo, bajando el impuesto directo al propietario de vivienda de alquiler.
q Recuperar la desgravación del impuesto sobre la renta del gasto de alquiler de vivienda.
q Excluir del pago de la renta las ayudas a la vivienda protegida, así como reducir los impuestos indirectos de la compra de la primera vivienda.
q Reducir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.