MANIFIESTO POR LA VIVIENDA
La vivienda es un derecho reconocido por la Constitución Española (artículo 47) que exige a los poderes públicos que eviten la especulación sobre el suelo, de forma que el conjunto de los ciudadanos se beneficie de la transformación de la ciudad. Asimismo, la Constitución reconoce (artículo 45) el derecho a un medio ambiente adecuado y la obligación de un uso racional de los recursos naturales (agua, suelo, energía, materias primas…), como garantía de la salud, del progreso y de la conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de todos los ciudadanos.
El marco normativo y la política de vivienda y suelo del Gobierno del PP resultan absolutamente insuficientes para atender el mandato constitucional: en materia de acceso a una vivienda digna en un entorno habitable, no se está produciendo la deseable convergencia con la Unión Europea. Cada vez más jóvenes se ven obligados, por la carestía de la vivienda, a permanecer en casa de sus padres, retrasando su emancipación hasta la edad más tardía de la UE, lo que contribuye, también, a la tasa de natalidad más baja de la UE. Aquéllos que encuentran una vivienda algo más asequible, tienen que endeudarse hasta límites desaconsejables y, a menudo, alejarse de su lugar de trabajo, con consecuencias muy negativas, en términos ambientales, y también en cuanto al uso de su tiempo.
No sólo los jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda digna en un entorno habitable; también numerosas familias de bajos ingresos, que se tienen que conformar con viviendas cuyas condiciones de habitabilidad y las de su entorno resultan completamente inaceptables. En particular, las familias monoparentales y las mujeres que viven solas, no suelen disponer de suficientes medios económicos como para enfrentarse a los costes disparatados de la vivienda.
La plena realización de cada ciudadano, su pertenencia a la sociedad como sujeto de derechos y de obligaciones, exige disponer de vivienda propia, con un esfuerzo adecuado a su nivel de ingresos y en un entorno cuya calidad le permita desarrollar de manera satisfactoria su vida familiar y
laboral
Por todo ello, los firmantes de este manifiesto,
1. DENUNCIAMOS la desidia del Gobierno del PP, que se declara satisfecho del elevado número de viviendas que se construyen sin importarle que su precio las convierta en inasequibles para un número creciente de ciudadanos.
2. DENUNCIAMOS la existencia de una legislación estatal sobre suelo que favorece la especulación, el encarecimiento del suelo y de la vivienda y el uso irracional del suelo, fomentando una expansión injustificada de las ciudades con graves efectos económicos, sociales y ambientales.
3. EXIGIMOS, de todas las Administraciones, una mayor prioridad hacia los problemas del acceso a la vivienda, así como la introducción de criterios de sostenibilidad en el diseño y en la gestión de las ciudades,.
4. EN PARTICULAR, EXIGIMOS que los suelos públicos no sean utilizados para obtener una financiación que debe ser garantizada, en el caso de los Ayuntamientos por el establecimiento de un auténtico Pacto Local y RECLAMAMOS que los suelos públicos se destinen preferentemente a la construcción de viviendas públicas en alquiler, como sucede en los países de la UE.
5. PROPONEMOS una modificación en profundidad de la normativa sobre Vivienda de Protección Oficial (VPO), vigente desde 1978, de forma que se adecue a las tipologías de vivienda acordes con las características de la sociedad actual, y de forma que se evite, también, el enriquecimiento ilícito de aquéllos beneficiarios de ayudas públicas que especulan sobre la vivienda protegida.
6. DEMANDAMOS, a todas las Administraciones un mayor esfuerzo de coordinación y concertación, que permita la máxima celeridad en la concesión y disfrute de las ayudas públicas a la vivienda, así como el acceso a la información sobre dichas ayudas y sobre la oferta de viviendas protegidas.
7. EXIGIMOS un mayor control público sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas y sobre la actuación de los diferentes agentes que intervienen en su construcción, venta y rehabilitación, así como sobre el cumplimiento de la normativa de protección de los consumidores y usuarios y las condiciones legales y contractuales establecidas entre las partes.
8. ASUMIMOS la responsabilidades que nos corresponden como usuarios de vivienda (propietarios o inquilinos) y, en general, como ciudadanos, para contribuir eficazmente al correcto mantenimiento de los inmuebles así como de la ciudad en su conjunto.