El fracaso de la política de vivienda y suelo del PP es evidente: a pesar de la elevadísima oferta de viviendas nuevas durante el periodo 1998-2003, en dicho periodo el precio de la vivienda se ha incrementado cinco veces más que los salarios, dificultando, de forma creciente, el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias de menores ingresos, y provocando un rápido aumento del endeudamiento de los españoles. El PP está alejando a España de la UE en lo relativo al acceso a
la vivienda -a pesar de las magníficas condiciones actuales de los créditos hipotecarios-, ya que en los países europeos más avanzados existe una importante oferta de vivienda social y un amplio mercado de alquiler. En España hemos retrocedido en ambas cosas.
El acceso a una vivienda digna, en una ciudad habitable, es un derecho consagrado en la Constitución. El principal objetivo del PSOE es hacer efectivo ese derecho, mediante una política permanente de vivienda y suelo, superando todo enfoque coyuntural, de forma que ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna (nueva o usada, en propiedad o en alquiler), y ubicada en un entorno habitable que permita la adecuada
satisfacción de sus necesidades básicas.
El PSOE se compromete a luchar contra la especulación, favoreciendo la corresponsabilización de los ciudadanos, reforzando el control público del urbanismo y la penalización de la corrupción y de los delitos urbanísticos, así como modificando las normas que favorecen la especulación, y
fomentando la vivienda protegida y el control sobre la misma.
El PSOE garantizará que el urbanismo deje de ser un tema en el que participen sólo las Administraciones y los promotores, y se convierta en una cuestión transparente y mucho más entendible para todos los ciudadanos, de forma que éstos puedan participar activamente en el diseño estratégico de sus ciudades, con capacidad efectiva para evaluar la actuación pública en esta materia, profundizando así la democracia.
Los objetivos de las propuestas que presentamos se pueden resumir en dos. El primero, favorecer el acceso a la vivienda, a un precio asequible, en particular a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables. El segundo, es frenar la burbuja inmobiliaria.
El PSOE establecerá un acuerdo entre las tres Administraciones, de forma que todos los suelos en propiedad pública que se desafecten de su uso preexistente, incluyendo los estatales, (RENFE, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, etc..) se destinen, preferentemente, a la promoción de vivienda protegida en alquiler o en derecho de superficie. Asimismo, se reformará la legislación estatal sobre valoración legal del suelo, de forma que en ningún caso el valor legal del suelo pueda
incorporar elementos especulativos, y se favorezca así un uso del suelo mucho más conforme al interés general. Se establecerá la reserva obligatoria de un porcentaje del suelo urbano no consolidado y urbanizable adecuado para la promoción de viviendas protegidas, preferentemente en alquiler o en derecho de superficie, que no será nunca inferior al 25% del aprovechamiento urbanístico residencial.
El PSOE reformará, de acuerdo con las CCAA, la figura de la vivienda protegida (VPO), para consolidar en España una oferta estable y suficiente de viviendas a precio asequible, y para evitar cualquier tipo de fraude en este tipo de vivienda. Para ello:
a) Las ayudas públicas se destinarán preferentemente a la VPO en alquiler y en derecho de superficie.
b) La VPO para venta mantendrá durante toda su vida útil un precio máximo actualizado cada año y sólo podrá venderse, en las segundas y posteriores transmisiones, a demandantes de VPO inscritos en un registro público.
Se entenderán definitivamente superados los criterios tipológicos establecidos en 1978, de forma que se puedan acoger a las ayudas para la V.P.O viviendas cuya tipología se adapte a las necesidades de los demandantes actuales. La VPO, además, debe incorporar la máxima innovación tecnológica, de forma que se garanticen reducciones de coste compatibles con la mejora de sus condiciones de habitabilidad y con criterios de sostenibilidad ambiental.
El PSOE se compromete a garantizar el acceso a la vivienda, a un precio asequible, a 180.000 familias al año, durante los próximos cuatro años, mediante:
a) Un nuevo Plan de Vivienda, que ampliará los objetivos y actuaciones del Plan actual, y que establecerá ayudas para el alquiler de VPO y de vivienda usada a precio asequible, para la adquisición y urbanización del suelo para VPO y para la rehabilitación de vivienda y de áreas urbanas.
b) La creación de una Agencia Pública de Alquiler, que establecerá acuerdos con propietarios dispuestos a poner su vivienda en alquiler a un precio moderado. Los inquilinos, en función de sus ingresos, podrán ser beneficiarios de las ayudas incorporadas al Plan de Vivienda.
La Agencia Pública de Alquiler nace con el propósito de solventar las ineficiencias existentes en el mercado de alquiler español, y con el objetivo de dinamizar dicho mercado, favorecer el acceso a la vivienda en alquiler a un precio asequible y evitar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Nuestro propósito es elevar el porcentaje de viviendas en alquiler del 9% actual al 20% del total del parque existente. Sus funciones serán:
a) Ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.
b) Crear un registro de información sobre los inquilinos.
c) Facilitar las labores de búsqueda a los potenciales inquilinos y posibilitar que los mayores obtengan el mayor rendimiento de su patrimonio inmobiliario.
d) Asistir a los desfavorecidos económicamente mediante ayudas directas. Estas ayudas se determinarán en función de la renta del hogar, del tipo de vivienda elegida y de criterios objetivos del hogar.
La creación de la Agencia permite la explotación de las economías de escala, al tiempo que su existencia favorece la movilidad geográfica y potencia los alquileres temporales. Por otro lado, el funcionamiento de la Agencia será similar a una Cámara de Compensación. Se cobrarán diferentes tarifas en función de los servicios solicitados: búsqueda, aseguramiento, etc. Siendo el objetivo de estas tarifas el de cubrir costes de gestión, ya que la Agencia no persigue la búsqueda de beneficios económicos.
El balance de la Agencia será sencillo y transparente, por ello se pretende que la Agencia no sea propietaria de inmuebles ni de terrenos. A su vez, la plantilla no será muy numerosa, lo que repercutirá en menores costes de gestión, de alquiler de oficinas y de equipamientos. Por otro lado, se cree necesario y conveniente que la Agencia cuente con una buena página Web a partir de la cual puedan solicitarse los servicios y la información deseada.
La mera existencia de la Agencia, gracias a los registros de inquilinos y propietarios y a un servicio jurídico competente reduce significativamente los incentivos al fraude derivados del incumplimiento de los contratos. Ello redundará positivamente en el aumento de oferta de viviendas en alquiler.
Finalmente, se potenciará la participación de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y de las entidades privadas, tales como las Cajas de Ahorros.
Apostamos por un sistema de asignación de ayudas más justo y transparente. Se favorecerá la asignación de ayudas directas en detrimento de las desgravaciones fiscales. Así se logrará que las ayudas recaigan sobre aquellos individuos que más lo necesiten. Las ayudas directas irán encauzadas preferentemente al alquiler. Y, se otorgarán en función de criterios de composición del hogar, localización del mismo y de la renta del individuo. Se favorecerá, en general, la equiparación fiscal del acceso a la vivienda en forma de alquiler con la correspondiente a la vivienda en propiedad, y se aplicará el IVA del 4% en todas las viviendas protegidas.
Finalmente, proponemos desarrollar los Fondos de Inversión Inmobiliarios en aras de fomentar la oferta de viviendas en alquiler. Para ello, igualaremos la normativa española de fondos de inversión inmobiliarios a la europea.
Asimismo, consideramos necesario favorecer la coordinación y la concertación entre las distintas Administraciones en política de suelo y vivienda, e impulsar entre ellas un auténtico Pacto en materia de suelo y vivienda.